Partido Socialista Obrero Español
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Mantiene el impuesto temporal a las grandes fortunas y los gravámenes sobre bancos y energéticas, y quiere hacerlos permanentes para financiar el gasto social sin subir impuestos a las clases medias.
Apuesta por seguir ejecutando los fondos Next Generation para modernizar la industria, la digitalización y la energía, y por una política industrial con apoyo del Estado.
Impulsa por ley una jornada máxima de 37,5 horas sin bajar el sueldo, con registro horario digital. La propuesta fue rechazada en el Congreso en 2025 y quiere volver a intentarlo.
Se compromete a que el salario mínimo siga creciendo hasta alcanzar el 60 % del salario medio, el listón que marca la Carta Social Europea.
Mantiene la revalorización de las pensiones con la inflación y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Rechaza los modelos de capitalización privada.
Defiende la Ley de Vivienda de 2023, que permite a las comunidades declarar zonas tensionadas y limitar las subidas del alquiler, y quiere más presión para que se aplique.
Crea una empresa estatal de vivienda (Casa 47) para construir y ofrecer vivienda protegida de alquiler asequible en suelo público.
Propone gravar de forma muy alta las compras de vivienda por parte de personas no residentes de fuera de la UE para frenar la presión especulativa.
Recupera la universalidad de la atención sanitaria, refuerza la atención primaria y quiere reducir las listas de espera con más profesionales y un marco que priorice la gestión pública.
Plantea extender la educación infantil de 0 a 3 años a todas las familias, ampliar becas y reforzar la FP como puerta de entrada al empleo.
Defiende que la amnistía y el diálogo han rebajado la tensión en Cataluña. Rechaza el referéndum de autodeterminación pero admite reformas dentro de la Constitución.
Quiere reformar el sistema de financiación con más recursos y reglas más claras, manteniendo la solidaridad entre territorios.
Apoya el uso del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas y en el Congreso.
Apuesta por vías legales de entrada, la reforma del reglamento de extranjería con arraigo laboral y la distribución obligatoria de menores migrantes entre comunidades, además de acuerdos con países de origen.
Plantea ampliar las plantillas de las fuerzas de seguridad y mejorar la protección de víctimas de violencia machista y de delitos de odio.
Propone reformar la Constitución para reconocer expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que ninguna mayoría pueda recortarlo.
Defiende las leyes de eutanasia, de personas trans y de igualdad LGTBI, y la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Mantiene la Ley de Memoria Democrática, con apoyo a las exhumaciones de fosas y la reparación a las víctimas del franquismo.
Acelera las renovables y el almacenamiento y mantiene el calendario pactado de cierre de las nucleares entre 2027 y 2035, aunque deja abierta una revisión si la seguridad de suministro lo exige.
Plan de adaptación ante sequías, inundaciones y olas de calor, con inversión en prevención, gestión del agua y protección civil.
Apoya una Unión más integrada, con capacidad de defensa propia, y mantiene el apoyo a Ucrania.
España ya lo ha reconocido; defiende un alto el fuego, ayuda humanitaria y presión sobre Israel, incluido un embargo de armas.
Propone completar la renovación pactada del Consejo del Poder Judicial y aprobar una ley de grupos de interés, más transparencia en la publicidad institucional y en la propiedad de los medios.
Incluye medidas contra la desinformación, control de contratos públicos y más transparencia en el uso de fondos.